Asistí ayer en la sede del IESE Business School de Madrid a la jornada sobre ‘Colaboración público-privada en el deporte español’ que organizó la agencia IdeoFactum en colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD). El objetivo del evento era explicar a las empresas el marco jurídico y fiscal de los diferentes programas impulsados por el Gobierno y animarlas a que colaboren más en el fomento de nuestro deporte patrio, así como en la lucha contra el sedentarismo de la sociedad civil (un objetivo personal de José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD).

En los últimos años, el CSD ha dado pasos importantes en la incorporación al sistema jurídico español de una serie de programas de mecenazgo y patrocinio orientados a fomentar la captación de financiación privada hacia el deporte en general, a cambio de ciertas ventajas fiscales y de imagen para las empresas; una fórmula que hoy se ha convertido en auténtico referente para muchos países de nuestro entorno y sobre la que me gustaría reflexionar hoy.

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