Se ha celebrado hace unos días en Madrid un congreso dedicado a analizar la necesidad de dotar a nuestro país de “Un nuevo marco jurídico para el deporte español”, que patrocinaban el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español, con sus máximos responsables al frente: el Secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, y el recién reelegido como máximo responsable del olimpismo español, Alejandro Blanco. Daba gusto verlos remar juntos, si lo comparamos con la anterior etapa de falta de entendimiento entre dichas instituciones. Y coincidir en la necesidad de contar cuanto antes con una nueva Ley del Deporte que venga a sustituir a la actual, hoy obsoleta.

El director del curso, al que asistieron gran cantidad de representantes de diferentes deportes y de empresas vinculadas a nuestra industria deportiva, fue Alberto Palomar, catedrático de la Universidad Carlos III y personalidad reconocida en el mundo jurídico vinculado al deporte.  Quizá una frase del profesor resume mejor que nada el estado de la cuestión: “El estado debe buscar un cierto protagonismo en la búsqueda de objetivos comunes, bajo tres conceptos: cooperación, coordinación y colaboración. Necesitamos un plan general con objetivos comunes, con independencia de quien los ejecute”.

Me parece muy interesante esta reflexión de Alberto Palomar, pero harto difícil de que se pueda llegar a hacer realidad en nuestro país en estos momentos políticamente tan convulsos, inciertos y difíciles. Porque lo que viene a proponernos el profesor, en la práctica, es un pacto de estado para el deporte… Y yo pregunto: ¿Es hoy posible un pacto de Estado sobre cualquier materia en nuestro Parlamento? Me alegro -de verdad- de que se haya puesto sobre la mesa del curso una propuesta tan inteligente y necesaria, y que se haya debatido lo suficiente, pero mucho me temo que habrá que esperar a una siguiente legislatura en la que vislumbremos un panorama menos incierto y caótico que el actual. Porque, de verdad, ¿alguien confía en que nuestros políticos estén dispuestos a llegar a un acuerdo marco sobre lo que debe ser una nueva Ley del Deporte y, después, todos se sometan a los tres conceptos -cooperación, coordinación y colaboración- que pregona Palomar? ¿Y acaso vemos a nuestros partidos compartiendo “un plan general con objetivos comunes, con independencia de quien los ejecute”? Una utopía total, insisto, tomando en consideración el arco parlamentario que actualmente legisla nuestro país.

Me siento mal al ‘dinamitar’ de raíz esa ilusión de los participantes en el congreso, especialmente porque soy consciente de que ese plan propuesto debería tomar en consideración todos los ámbitos del deporte en su concepción moderna: ámbito escolar, salud preventiva, alta competición, profesionalismo, papel de las federaciones, apoyo a la mujer, racismo, violencia, xenofobia, construcción y aprovechamiento de las instalaciones deportivas, tecnología aplicada al deporte, industria deportiva como sector económico, etc., etc. En fin, el río de enfoques podría resultar interminable.

Una cosa sí me parece clara, por encima de tanta desconfianza por parte de quien esto escribe: es necesario (y perentorio también) un nuevo marco jurídico para el deporte, como bien dijo en su ponencia inaugural el jurista especializado, Juan José Landaberea. Porque la actual Ley del Deporte, en vigor desde 1990, ha tenido que ser enmendada o modificada en más de una decena de ocasiones y, a pesar de ello, sufre de lagunas y vacíos que a estas alturas del Siglo XXI nuestro país no se debería permitir. “Ahora hay títulos vacíos, otros obsoletos… Buena parte de los preceptos no superaría el test de constitucionalidad [¿…?]. No está justificado que la Administración pública tenga que aprobar los reglamentos de las federaciones”. P-R-E-O-C-U-P-A-N-T-E  ¿no? Al menos yo no me puedo sentir bien pensando que algunas de las prácticas o circunstancias relativas al deporte español pudieran estar bordeando los límites de nuestra Carta Magna. Me parece ‘alucinante’ (y perdón por esta licencia expresiva).

Vayamos a un asunto que está hoy de moda con el caso de Cristiano Ronaldo, a quien la Fiscalía de Delitos económicos ha llamado a declarar como investigado en un presunto caso de defraudación fiscal. Un asunto –éste del régimen fiscal de los deportistas– del que todo el mundo opina sin tener ni idea (en la mayoría de los casos) de lo que está hablando. ¿A quién le parece normal que una persona incapaz de rellenar su declaración de la renta pueda opinar –y condenar- a los jugadores por criterios fiscales tan técnicos sobre los que ni los propios técnicos de Hacienda se ponen de acuerdo? Seamos un poco más serios, por favor, y que nuestras autoridades pregonen ‘cautela’ y protejan a los contribuyentes para que no sean condenados con la pena del telediario mucho antes que por el juez; hagamos lo necesario para que las partes personadas en las causas se enteren de las decisiones y señalamientos judiciales al menos al mismo tiempo que los periodistas (y no mucho después, como sucede habitualmente); para que no se proyecten sombras de duda sobre una falta de seguridad jurídica en los procedimientos judiciales… porque eso no parece propio de una democracia sólida y asentada como la que tenemos derecho a disfrutar.

Durante el curso, intervinieron dos importantes expertos en fiscalidad del Deporte, como son Félix Plaza (socio director del departamento de Sports & Entertainment de Garrigues y uno de los expertos fiscalistas más reconocidos de nuestro país) y Salvador Ruiz (de Equipo Económico). Pues bien, Félix Plaza puso directamente el dedo en la llaga de la tributación por los derechos de imagen de los deportistas, quizá uno de los aspectos más polémicos porque se ciernen sobre él no pocas incertidumbres y/o lagunas legales.  En ese sentido, aseguró Plaza que el régimen 85-15 que se implantó en los años 80 hoy sería sencillamente “inaplicable” y por eso propuso –en aras de una necesaria seguridad jurídica– que “los rendimientos de capital mobiliario por explotación de la imagen” sean considerados en el Impuesto de la Renta como “rentas del ahorro” y no de la base general del trabajo. “Con esto, el 90% de los casos en los que se constituye una sociedad para gestionar los derechos de imagen se dejaría de constituir, puesto que las rentas del ahorro tributan al 23%, frente al 45-50% que tributan las rentas del trabajo en los niveles salariales más altos”, explicó Félix Plaza.

Entonces, ¿por qué nuestra administración no decide, de una vez por todas, legislar en este sentido y dejar perfectamente clarificado el marco de actuación? Además, si así lo hiciera, dejaríamos de cargarnos lentamente nuestra industria futbolística… No me extraña que LaLiga esté preocupada, pues con casos como los de Messi, Cristiano y otros muchos nuestra competición está perdiendo competitividad a marchas forzadas. Tampoco sorprende que el presidente de los jugadores, Luis Rubiales,  muestre su preocupación ante este panorama, pues estamos invitando a las grandes estrellas extranjeras a irse de nuestro país (o a no venir, lo que supondría un torpedo contra la sostenibilidad de esa industria). O recuerdo la reflexión que hizo el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, ante los asistentes al curso: “No tenemos tantas industrias en España en una posición de liderazgo como la del fútbol. Habría que reflexionar sobre esto. Tenemos todos que hacer algo y la Administración puede. Por ejemplo, ¿cómo se explica que los únicos profesionales a los que no se aplica la ley Beckham en España sean los futbolistas?

Y no digo que no haya que pagar a Hacienda, pues creo que todos tenemos que contribuir de acuerdo a la ley, según le corresponda a cada cual. Pero precisamente el problema está en eso: la legislación aplicable vigente. Porque pienso que nuestra legislación tributaria no debería pesar el doble que la inglesa sobre un mismo tipo de contribuyente, pongo por caso; o que en España se considere como un delito tributario lo que allí es una práctica normal y plenamente legal.  Eso no parece de recibo y nos lo tenemos que hacer mirar. Y a toda velocidad, a ser posible; no sea que lleguemos tarde y el problema ya no tenga una solución razonable.

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