El Gobierno ha comenzado a mover fichas en sus nuevas políticas relativas al deporte. En un post reciente ya comentamos los planes que había anunciado el nuevo Secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, y las primeras medidas no se han hecho esperar. En primer lugar, y quizá porque era las más urgentes, ya tenemos nuevo Plan ADO 2020 y una nueva norma –en forma de Real Decreto Ley– que actualiza la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje, que permitirá a nuestro país contar con un marco jurídico homologable con el código mundial antidopaje.

Estas han sido las dos primeras medidas porque eran perentorias… urgían. Ahora, el siguiente reto –el más trascendente– se presenta también como el más complicado: elaborar una nueva Ley del Deporte “que se adapte a la realidad deportiva del nuevo siglo, y que ponga en valor el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado el deporte español en estos últimos años”. Y utilizo las palabras del propio Lete, porque, a su vez, reconoce que para conseguirlo “será imprescindible el máximo consenso entre todos los actores implicados si queremos un nuevo marco legal que siga trayendo prosperidad al deporte”. Pero vayamos por partes.

Al parecer, nuestra nueva ley antidopaje llega con todas las bendiciones posibles. Según comentó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros que aprobó la norma, “La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) está de acuerdo con el contenido de la misma”. Nuestro texto introduce incluso nuevas infracciones, como son la complicidad y la asociación prohibida, cuyo objetivo es aumentar “la presión sobre aquellos individuos del entorno del deportista que puedan conducirle a tomar decisiones erróneas”. Vamos, que los clubes, federaciones, preparadores, representantes, familiares o médicos que rodean al deportista no se irán de rositas cuando se descubra y demuestre que ese deportista se ha dopado. Ellos podrán ser igualmente sancionados y/o castigados.

También va más allá el texto en el endurecimiento de las sanciones previstas en el código mundial. Por ejemplo, se eleva de dos a cuatro años el periodo de inhabilitación por la mera presencia, uso o posesión de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Y, de nuevo, los entornos del deportista deberán tener las cosas muy claras y cuidarse muy mucho de no incurrir en cualquiera de esos supuestos. Porque, en el caso de una infracción por dopaje, se eleva de ocho a diez años el período de prescripción, lo que a su vez implica prolongar la conservación de las muestras de controles para su posible reanálisis.

Creo que debe ser en todo caso un serio aviso para los deportistas tramposos, quienes deberán pensarse –y mucho– si a partir de ahora les compensará infringir la nueva norma. Porque, si les pillan, lo más seguro es que no podrán volver a competir. Y me parecerá muy bien que así suceda (lo digo con sinceridad). Soy partidario de la tolerancia cero respecto de cualquier práctica que desvirtúe la esencia y la ética del deporte.

Y por encima de todo lo dicho, me parece que lo más positivo de contar con una ley antidopaje moderna y homologable es que, por fin, nadie podrá acusarnos (siquiera veladamente) de vivir en nuestro propio ‘limbo jurídico’ o al margen del mundo. Y así por fin podremos celebrar y disfrutar de los éxitos de nuestros deportistas (ojalá sigan siendo muchos) completamente libres de toda sombra de sospecha.

Hablemos ahora del Plan ADO 2020 (JJ.OO. de Tokio), que había generado una cierta ‘zozobra’ entre nuestros deportistas de élite. La crisis económica mundial, que se inició en 2009 y de la que apenas estamos comenzando a salir, se tradujo en ciertos recortes tanto en las becas como en otras ayudas al deporte y dieron pie a numerosos rumores que –tras la culminación de los Juegos de Río- hablaban incluso de desaparición de este programa.

Los planes ADO se iniciaron en España con ocasión de los Juegos de Barcelona (1992) y durante todos estos años son los que han permitido mantener el buen nivel de nuestros deportistas y de sus técnicos. Afortunadamente, el CSD y el Comité Olímpico Español (COE) están muy de acuerdo en la necesidad de prorrogar el programa y muy pronto celebrarán una reunión de trabajo con los dos operadores televisivos que están interesados en participar en él. Hasta ahora, en España, tan solo RTVE disponía de los derechos de retransmisión de imágenes, pero en el caso de Tokio 2020 también lo hará Eurosport, que ha adquirido esos derechos a nivel planetario.

Alejandro Blanco, el presidente del COE, se ha mostrado feliz por la aparición de este segundo operador, pues a buen seguro ello contribuirá a la emisión de más deportes y horas de contenido (difusión), amén de mayores ingresos económicos. No obstante, siempre remarca la necesidad de mejorar las ayudas fiscales a los patrocinadores que se sumen al proyecto ADO, favoreciendo al máximo los efectos de retorno en otros muchos campos. “A las empresas que estén al lado del deporte hay que cuidarlas y darles una serie de ventajas. Un reconocimiento. Ese es el futuro y por ahí podría ir uno de los ajustes del plan”, asegura Alejandro Blanco. No puedo estar más de acuerdo con él, si es que queremos estar homologados también con el resto de los países que suelen conseguir un mejor medallero cuando su potencial deportivo es menor que el nuestro.

Hasta ahora, en términos generales, a las empresas se les permiten desgravaciones fiscales de hasta el 15 % sobre la inversión realizada en publicidad, con un límite del 90 % de la aportación por asociar el logotipo del Plan ADO a sus campañas. Sin embargo, las empresas ven esas ayudas como insuficientes y demandan que sean de mayor cuantía, así como una Ley de Mecenazgo con un marco de actuación general más ambicioso. Eso también sería (lo digo yo) una mayor homologación con los países de nuestro entorno. Pero nuestro ministro de Hacienda, el señor Montoro, parece no estar por la labor, al menos de momento, hasta el punto de que el propio Secretario de Estado no espera que esa Ley pueda salir adelante en esta legislatura…

Haría falta para ello un amplio consenso de las fuerzas políticas mayoritarias, como ese al que apela José Ramón Lete para sacar adelante una nueva Ley del Deporte, que tanta falta nos hace. Pero intuyo que no va a ser fácil. No emana ahora, de forma natural, un espíritu de consenso en nuestro país… ni se le espera a corto plazo. El Secretario de Estado regala los oídos a quienes quieran escucharle, sobre la importancia social del deporte, sobre su disposición a hablar y negociar con todo el mundo o sobre la necesidad de ayudar más a las marcas patrocinadoras del deporte; pero sabe bien que la nueva ley puede pisar el callo de las instituciones, que no querrán ceder sus competencias; que algunas federaciones se le echarán encima cuando pretenda regular su gobernanza en pro de mayor transparencia; que muchos trabajadores del deporte se ‘levantarán en armas’ cuando pretenda regular y poner orden en sus profesiones; o simplemente cuando la ‘importancia política’ del deporte se muestre en toda su crudeza y se convierta en moneda de cambio. En fin, muchos se querrán apuntar el tanto… y otros no lo verán como una reforma prioritaria.

Por todo eso el Gobierno advierte que será imprescindible “el máximo consenso entre todos los actores implicados si queremos un nuevo marco legal que siga trayendo prosperidad al deporte” (reitero la frase de Lete). Y precisamente por todo eso no me siento muy optimista al respecto.

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